el Abogado General afirma que dicho índice de referencia es susceptible de control de transparencia con las consecuencias jurídicas y económicas que ello conlleva.

El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo tiene claro: el carácter abusivo del IRPH puede ser determinado por los Tribunales españoles consecuencia de su posible falta de transparencia.

Los jueces españoles se enfrentan a un otoño complicado o cuanto menos a un comienzo de curso judicial atareado; pese a que en 2017 nuestro más alto Tribunal dictaminó que el IRPH (por sus siglas, índice de referencia de préstamos hipotecarios, un tipo de interés, oficial, utilizado por las entidades financieras sobre todo hasta comienzos del nuevo siglo) era un índice tan oficial como el Euribor y en consecuencia era completamente transparente no pudiéndose declarar nulo por su hipotético carácter abusivo, la controversia acerca del carácter de este índice se está ahora debatiendo en las altas esferas europeas: el TJUE.

Previamente a emitir su fallo el citado Tribunal, se han hecho publicas como es costumbre las conclusiones acerca de dicho tema del Abogado General del TJUE, las cuales aunque no tienen carácter vinculante, por la experiencia previa que tenemos en estos asuntos, suponen un claro indicativo del sentido que tomará la ansiada sentencia que el TJUE debe emitir en las próximas semanas.

El Abogado General considera que, pese a que el IRPH es un índice oficial no debe quedar fuera del alcance del control de la Directiva 93/13 sobre clausulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores como en cambio entendió el Tribunal Supremo en sentencia 669/2017 de 14 de diciembre.

En este sentido el Abogado mantiene que pese al carácter oficial del IRPH, dicho índice no tenia una aplicación imperativa consecuencia de la existencia de hasta seis tipos de índice oficiales diferentes por lo que las entidades financieras pudieron optar por cualquiera de los existentes suponiendo ello por ende que no se trata de un tipo de índice de obligada imposición y en consecuencia, al amparo de la Directiva 93/13, si que puede realizarse un control de transparencia del mismo.

Ello supone que le corresponderá al Juez nacional determinar, en atención a la citada Directiva, si la clausula que recoge el citado índice de referencia cumple con las exigencias de buena fe y equilibrio necesarias para desestimar una posible de abusividad de la misma.

Lo que ocurría hasta este momento era que, al tratarse de un tipo de interés oficial, se entendía que el mismo era transparente pues gramaticalmente era claro, se recogía en cada préstamo hipotecario de manera sencilla y lo que los consumidores debían entender era, básicamente, que su índice de referencia era el IRPH y no otro, como por ejemplo el Euribor; Sin embargo, consecuencia de la previsible sentencia del TJUE en conjunción con lo dispuesto por el Abogado General, además de comprobar en cada caso concreto que dicha clausula ha sido redactada de manera transparente y comprensible para un consumidor medio, deberemos analizar si, previamente a la formalización del contrato se facilitó al consumidor información necesaria para que éste conociera las consecuencias económicas que suponía que su préstamo estuviera referenciado al IRPH incluyendo, y he aquí una importante novedad, el método de cálculo de dicho tipo de interés.

Si no se superan ambas transparencias, la material y la formal, la cláusula podrá ser declarada abusiva al entender que la entidad financiera no obró con la buena fe requerida y la diligencia debida causando por ende un fuerte desequilibrio en la relación existente entre consumidor y profesional en detrimento del primero de ellos.

Desde Castellucci Abogados estaremos atentos y expectantes al pronunciamiento próximo del TJUE y a las consecuencias jurídicas y económicas que dicho fallo puede ocasionar a los españoles con préstamos hipotecarios referenciados al IRPH para poder prestar asesoramiento legal a todos aquellos consumidores que crean encontrarse en esta situación, analizando cada caso concreto y proponiendo una solución jurídica viable que permita al prestatario hacer valer sus derechos ante los tribunales.